La Constitución de la República es clara en cuanto al establecimiento de la apoliticidad y no deliberancia de los militares dominicanos. Este precepto queda establecido, tanto en ese documento sustantivo vigente desde su última modificación, como lo estuvo en la que permaneció sin variaciones de 1966 hasta 1994.
Que un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas se unieran en 1990 a un político para, si era necesario, enfrentar al gobernante de turno que había hecho un hábito las maniobras fraudulentas para "ganar" elecciones y mantenerse gobernando, necesariamente crea cuestionamientos jurídicos sobre el proceder de estos militares y del líder político que acudió a ellos.
