DERECHO

En este libro habrá de presentarse la semiótica retórica como una disciplina analítica fundamental de la ciencia del derecho. Ella investiga las propiedades, funciones y presupuestos semióticos del lenguaje del derecho. Como la semiótica retórica considera que la argumentación es un ámbito central de la actividad jurídica y de la ciencia del derecho, se trata aquí primordialmente de una investigación teórico-argumentativa. Sigue un programa de investigación empírica, que tiene por objeto el análisis de las codificaciones más importantes del derecho vigente y la investigación de la práctica jurídica de la argumentación. Se analizarán algunos presupuestos metodológicos y criterios metódicos de la semiótica retórica y se presentarán los marcos semióticos de referencia, relevantes para la realización de los análisis. El objeto de este análisis es poner de manifiesto las estructuras retóricas básicas de la argumentación del Tribunal Federal Constitucional, que han conducido a la construcción de una sintaxis constitucional general y teórico-básica.

El Derecho romano toma nombre de una ciudad que en el curso de los siglos se ha erigido como Estado universal de la Antigüedad. Al Derecho alemán da nombre todo un pueblo que ha carecido siempre de una cohesión rígida, incluso en el tiempo que encontró unidad jurídica estatal en el marco del Sacro Romano Imperio. Ello implica, desde luego, un profundo contraste en la historia de ambos derechos. En Alemania mira a los supuestos previos de la formación del Derecho romano, concluida en forma artística y homogénea. El desarrollo del Derecho alemán carece de un punto de cristalización como el encontrado por el Derecho romano en la urbs. Está abandonado por completo a sus fuerzas. Un soberano alemán nunca ha tenido un influjo tan duradero en la producción del derecho como el ejercido por el Papa, en cuanto cabeza de una jerarquía de firme estructura, mediante sus Decretales, en la formación del Derecho canónico.

Existe en química una ley, por la cual todo compuesto, lo mismo que todo elemento químico, sometido a un procedimiento conveniente, provoca reacciones y fenómenos, que no siendo propios o particulares más que a un cuerpo dado, descubren por su aparición la presencia de este cuerpo. Lo mismo pasa con las sensaciones que producen los acontecimientos y las circunstancias de la vida sobre los seres dotados de sistema nervioso. Hechos diversos producen diversas formas del pensamiento y evocan las diferentes impresiones que se manifiestan en el ser afectado Las sociedades, ¿son o no organismos, y como tales tienen o no sistema nervioso propio?

Con las siguientes tres contribuciones de la pluma de mi discípula Tatjana HÖRNLE sobre la dogmática de la determinación de la pena, puede el lector no solo introducirse en la actual discusión alemana, sino también familiarizarse con una tentativa exitosa para garantizar previsibilidad y justicia, en un campo de la ley hasta ahora controlado por la discrecionalidad y la arbitrariedad del juez. La ciencia penal alemana, reconocida mundialmente por sus logros revolucionarios en la sistematización de los supuestos de punibilidad, los que en gran medida fueron aceptados, ha descuidado por completo durante décadas el campo de la medición de la pena, a pesar de que para el acusado -en muchos casos- la pregunta acerca de la determinación de la pena es la decisión judicial más importante; mientras que los presupuestos de punibilidad (determinante para la pregunta sobre si se "condena o absuelve") en la práctica, generalmente, no plantean problemas especiales. Aplicar las reglas dogmáticas del derecho penal a la determinación de la pena, y hacerlas así controlables, es en el presente más importante que nunca.

Años atrás, actuando como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el magistrado Sergio García Ramírez clamaba, en uno de sus memorables votos razonados, por una reforma de los procesos, sustentada en los requerimientos de las Constituciones nacionales así como en los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que permitiera «montar un sistema de defensa verdadera y eficiente, que batalle por los derechos del inculpado, con la misma constancia y consistencia con que recomienda Ihering la lucha por el derecho» El ensayo que tengo el honor de prologar parece responder a la demanda del ilustre jurista mexicano, al desgranar los múltiples aspectos a considerar para arribar a una conclusión asertiva respecto de la eficacia de la defensa, en el marco de cualquier procedimiento y no apenas en el que el autor ha sabido transitar en su actividad forense. Los interrogantes que Marcelo Rodríguez Jordán lanza en el inicio, en procura de un ensamble satisfactorio del sustantivo con el adjetivo componentes del título de su obra.

«El término de duración de la garantía frente a los contratos estatales y la responsabilidad fiscal» está llamada a convertirse rápidamente en una obra de referencia precisamente debido a la pericia con la que la autora nos expone el tema de la responsabilidad en sus distintos órdenes, desde un punto de partida teórico, pero bien aderezado con la jurisprudencia y la norma positiva, exponiendo así, los dos lados de la moneda de la práctica jurídico-administrativa, y por supuesto, su exposición sobre las garantías para efectos de llamada responsabilidad fiscal. En este tenor, la autora nos lleva los lectores de la mano sobre el tema de la responsabilidad, en su primer capítulo, a partir de identificar el concepto de responsabilidad y sus distintas formas dentro de la ciencia jurídica, desde la responsabilidad civil, tan antigua con el derecho mismo, y de cuyas teorías (y prácticas) se han desarrollado la reparación de los daños y perjuicios, daño moral, reparación patrimonial, tanto contractual como extracontractual. Una especialmente mención requiere la forma en se entiende a la responsabilidad en la función pública, donde se identifica con la responsabilidad extracontractual del Estado, así como la responsabilidad que a título personal recae sobre el servidor público, debido a su investidura, por mandato constitucional y legal. "