DERECHO

Años atrás, actuando como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el magistrado Sergio García Ramírez clamaba, en uno de sus memorables votos razonados, por una reforma de los procesos, sustentada en los requerimientos de las Constituciones nacionales así como en los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que permitiera «montar un sistema de defensa verdadera y eficiente, que batalle por los derechos del inculpado, con la misma constancia y consistencia con que recomienda Ihering la lucha por el derecho» El ensayo que tengo el honor de prologar parece responder a la demanda del ilustre jurista mexicano, al desgranar los múltiples aspectos a considerar para arribar a una conclusión asertiva respecto de la eficacia de la defensa, en el marco de cualquier procedimiento y no apenas en el que el autor ha sabido transitar en su actividad forense. Los interrogantes que Marcelo Rodríguez Jordán lanza en el inicio, en procura de un ensamble satisfactorio del sustantivo con el adjetivo componentes del título de su obra.

Los numerosos estudios sobre la historia de los delitos y las penas en la España contemporánea, han pasado de largo sobre estos fenómenos en períodos anteriores, cuando aún no se había instaurado la codificación formal. Delito y castigo en España trata asuntos siempre polémicos y controvertidos como el trato a los indígenas tras la llegada de los españoles a América; la realidad penal de la Inquisición; el mito de la supuesta «crueldad hispánica» en lo referente a la tortura judicializada, etc. Porque, como dice Juan Granados, «la antropología comparada ya ha mostrado hace mucho tiempo que los seres humanos tienden a parecerse y a comportarse de manera similar ante retos parecidos». Esta obra nos ayuda a descubrir hasta qué punto nuestros más remotos antepasados tenían las mismas inquietudes y prioridades que nosotros, a pesar de las enormes diferencias de modos y ritmos de vida. Estamos ante un ensayo breve y preciso sobre uno de los temas capitales de las vidas y fortunas de los españoles del pasado, llegando hasta nuestros días.

Esta obra se encuentra enmarcada en el contexto de dos áreas del conocimiento: el derecho y las tecnologías de la información y las comunicaciones; el autor ofrece un detallado análisis comparativo de las normas jurídicas penales de la Unión Europea, Argentina, Perú, Chile y Colombia en relación con los delitos informáticos como un instrumento institucional de la lucha contra la ciberdelincuencia. Delitos informáticos comprende una fundamentación jurídico penal detallada, explorando la tipicidad, analizando los elementos que componen un tipo penal y profundizando en los aspectos cruciales de la antijuridicidad y la culpabilidad. Presenta, además, un análisis comparativo en el marco jurídico internacional de los delitos informáticos, el estudio de la situación en Colombia previa a la ley de delitos informáticos y cada uno de los delitos informáticos en Colombia.

La historia contemporánea de América Latina se ha caracterizado por una intensa transformación en sus formas de gobierno. Mediante un fino estudio comparativo entre los regímenes democrático y dictatoriales que se han experimentado en esta región (a partir del siglo XX), Scott Mainwaring y Aníbal Pérez-Liñán realizan una exhaustiva investigación que da cuenta de la emergencia, subsistencia y declive de estas formas de gobierno. Tomando como referencia la centralidad de los actores políticos para explicar estos cambios, pues en gran medida moldean la percepción cultural de las formas de gobierno que resultan deseable, los autores incorporan la dimensión regional e internacional del fenómeno. Si bien queda claro lo diversa que resulta América Latina como región, Mainwaring y Pérez Liñán emprender una ardua tarea para analizar la misma sin perder aquellos aspectos distintivos y heterogéneos que la caracterizan, pero que a su vez nos permiten comprenderla.

El objetivo principal ha sido analizar el derecho de familia y el migratorio de una manera amplia. En el desarrollo de la obra dejamos claramente establecido conceptos, jurisprudencias y procedimientos a seguir en cada demanda, petición, recursos, tanto en el Derecho de Familia como en el Migratorio, destacando la figura de la impugnación de filiación paterna y materna, de igual manera en el Derecho Migratorio presentamos y comentamos todos los tipos de procedimientos administrativos, visados, así como los recursos, potestativos, waiver, revisión de caso, cuando se haya determinado una inadmisibilidad. Del mismo modo los tipos de peticiones a las que tienen derecho las familias postulantes a la reunificación familiar, así como las estadísticas en torno a las distintas demandas en impugnación de filiación tanto paterna como materna.

El derecho de reunión protege la expresión colectiva de opiniones, el intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses, el dar a conocer públicamente problemas, reivindicaciones o protestas. Y a esta delimitación conceptual, la Constitución aúna una serie de facultades de actuación a su titular: la libertad para elegir el contenido de las ideas que se pueden comunicar, sin que los poderes públicos puedan someterlas a controles de oportunidad política; el lugar donde se puede llevar a cabo la protesta o comunicación de ideas, por lo que solo excepcionalmente podrá prohibirse la celebración de una reunión o modificar su recorrido; y el cómo o a través de qué instrumentos se pueden realizar aquellas, porque una “reunión pacífica” –lo que exige la Constitución– no es una “reunión beatífica”. Una reunión sigue siendo pacífica aunque en su curso se produzcan conductas que incomoden u ofendan a personas opuestas a las demandas o reivindicaciones que la reunión promueve, incluso conductas que deliberadamente impidan u obstruyan las actividades de terceros; es decir, actuaciones de resistencia pacífica como bloqueos, cortes de carreteras o sentadas. Por todo ello, el derecho de reunión, entrelazado con la libertad de expresión y como cauce del principio democrático participativo, cumple la función de ser uno de los ejes vertebradores del Estado social y democrático de derecho.