LIBROS DOMINICANOS

El comercio del dolor, es un ensayo escrito por la periodista Altagracia Ortiz Gómez,Trata de la practica comercial que arropa al sistema de salud dominicano, el libro revisa la practica mercantil del sistema y des humanización con que son tratados los pacientes convertidos en clientes.

El presente texto, que trata sobre el período conocido como el Consejo de Estado (1962-1963) es un estudio importante para conocer y comprender la historia política dominicana contemporánea. Representó como gobierno una etapa de transición entre el derrumbe de la dictadura de Trujillo y los gobiernos que le sucedieron hasta la guerra civil de 1965 y la segunda intervención norteamericana. La República Dominicana, a partir del derrocamiento de la tiranía trujillista en 1961 ha transitado por períodos turbulentos en su historia. Las luchas políticas han adoptado todas las formas imaginables: lucha pacífica y no pacífica, armada y no armada, legal e ilegal. Los grupos políticos midieron incesantemente sus fuerzas en pugnas continuas que modificaron una y otra vez la correlación de posiciones de poder, y estas pugnas fueron interrumpidas por cortas treguas políticas. Uno de esos períodos es el que trata el presente libro sobre el Consejo de Estado, gobierno que administró la cosa pública a raíz del derrumbamiento de la tiranía trujillista a finales del 1961. A partir de ahí, la formación económica y social dominicana entró en una etapa de crisis permanente.

Este no es un libro de análisis. Es una obra de amor, y si de algo me culpo es de no haber acertado a escribirlo con toda la pasión de que es susceptible la naturaleza humana.

Esta obra merecedora del Premio Funglode de Novela Federico García Godoy 2019 nos adentra en una época importantísima de nuestro devenir histórico, a principios del siglo XVII, cuando se produjeron las devastaciones ordenadas por el gobernador de la isla de Santo Domingo, Antonio de Osorio.

Los artículos que versan en este libro refulgente del "danilismo efectivo", bien podrian ser un faro de luz que conduzca a puerto seguro a los que navegan en los mares tempestuosos de la envidia, de la insinceridad y del allante. El autor no encierra entre los barrotes del miedo, los conceptos que libera en estas paginas acerca de los que viven de la política, a muchos de los cuales reconoce sus virtudes y , a otros, les enseña que ésta es una ciencia para el bien, y como tal, debe ir en provecho de los necesitados, con afecto y desinterés.

Quienes sostienen la idea de que el Defensor del Pueblo República Dominicana es unipersonal desconocen los principios generales de la administración moderna, ignoran el proceso de elección como órgano constitucional establecido en la Constitución y pierden de vista las características del Estado social y democrático de derecho. Además, pasan por alto lo que ha significado para la nación dominicana la forma personalista e individualista de funcionarios que han dirigido algunas instituciones como si fuera un feudo heredado de sus antepasados. El Defensor del Pueblo, por sus características y por las funciones que le asigna la Constitución dominicana, no puede ser una institución unipersonal porque como órgano del Estado, negaría su propia razón de ser el carácter unipersonal es contrario a los principios de la institucionalidad, negaría el principio de la transparencia, incurriría en práctica antidemocrática y estaría promoviendo la corrupción y el tráfico de influencia. El defensor del Pueblo de la República Dominicana debe ser preservado como una institución democrática, institucional y transparente, alejado del clientelismo y la corrupción. Tenemos que evitar que la práctica corrupta que caracteriza las instituciones de Estado moderno no permee la vida institucional del Defensor del Pueblo y eso solo puede ser garantizado por un ejercicio transparente que descanse en manos de un equipo de hombres y mujeres que hayan sido celosamente elegidos por el Congreso, que su funcionamiento interno descanse en un órgano de control interno, debidamente fiscalizado por los órganos constitucionales encargados de vigilar el buen uso de los recursos públicos.