DERECHO

«El término de duración de la garantía frente a los contratos estatales y la responsabilidad fiscal» está llamada a convertirse rápidamente en una obra de referencia precisamente debido a la pericia con la que la autora nos expone el tema de la responsabilidad en sus distintos órdenes, desde un punto de partida teórico, pero bien aderezado con la jurisprudencia y la norma positiva, exponiendo así, los dos lados de la moneda de la práctica jurídico-administrativa, y por supuesto, su exposición sobre las garantías para efectos de llamada responsabilidad fiscal. En este tenor, la autora nos lleva los lectores de la mano sobre el tema de la responsabilidad, en su primer capítulo, a partir de identificar el concepto de responsabilidad y sus distintas formas dentro de la ciencia jurídica, desde la responsabilidad civil, tan antigua con el derecho mismo, y de cuyas teorías (y prácticas) se han desarrollado la reparación de los daños y perjuicios, daño moral, reparación patrimonial, tanto contractual como extracontractual. Una especialmente mención requiere la forma en se entiende a la responsabilidad en la función pública, donde se identifica con la responsabilidad extracontractual del Estado, así como la responsabilidad que a título personal recae sobre el servidor público, debido a su investidura, por mandato constitucional y legal. "

'Cuando en el marco de la Ciencia del Derecho nos ocupemos de los fenómenos revolucionarios, será necesario, primeramente, una comprensión del objeto de la investigación y de nuestra formulación del problema. Por lo que se refiere al concepto de Revolución podemos acoger, desde luego, el uso dominante del lenguaje, según el cual puede determinarse aquélla como la modificación violenta de los fundamentos jurídicos de un Estado. Sin embargo, es preciso reflexionar, en este momento, acerca de la esencia y misión de la Ciencia del Derecho. Al conocimiento teórico del Derecho y a la teoría normativa de la aplicación del mismo, se agrega en estas páginas una tercera forma de consideración, también de naturaleza normativa, la cual, sin embargo, no se dirige, con sus principios del deber ser, al Juez o al súbdito, sino que plantea el problema del valor del Derecho, o de una determinada regulación jurídica y deriva de su solución los principios del deber ser, generalmente aplicados por el legislador. A esta forma de consideración solemos calificarla como Política del Derecho'. Heinrich Herrfahrdt

En este libro habrá de presentarse la semiótica retórica como una disciplina analítica fundamental de la ciencia del derecho. Ella investiga las propiedades, funciones y presupuestos semióticos del lenguaje del derecho. Como la semiótica retórica considera que la argumentación es un ámbito central de la actividad jurídica y de la ciencia del derecho, se trata aquí primordialmente de una investigación teórico-argumentativa. Sigue un programa de investigación empírica, que tiene por objeto el análisis de las codificaciones más importantes del derecho vigente y la investigación de la práctica jurídica de la argumentación. Se analizarán algunos presupuestos metodológicos y criterios metódicos de la semiótica retórica y se presentarán los marcos semióticos de referencia, relevantes para la realización de los análisis. El objeto de este análisis es poner de manifiesto las estructuras retóricas básicas de la argumentación del Tribunal Federal Constitucional, que han conducido a la construcción de una sintaxis constitucional general y teórico-básica.

«El imperio de la ley es la única alternativa al imperio de la fuerza. Sólo bajo el gobierno de las leyes, el ser humano puede vivir en libertad y en paz. Si no nos sometemos al Derecho, la ley del más fuerte, las fauces del totalitarismo acechan y amenazan con devorar la libertad y la convivencia», señala el autor en la introducción a este libro. El imperio de la ley es un concepto jurídico que somete la acción estatal a una regla fundamental: la Constitución. La dignidad del ser humano es un valor básico de la propia Constitución que está necesariamente relacionada con la libertad, también con la libertad política, es decir, con la democracia. El imperio de la ley, o lo que es lo mismo, el Estado de derecho, pone de relevancia que el principio del derecho constitucional es proteger la dignidad de los individuos. Sin embargo, para que el derecho incida en la conciencia social, no tanto de los juristas sino de toda la sociedad, es preciso fomentar una cultura cívica a través de la enseñanza y la educación, así como también por parte de las propias instituciones y de las personas. Y si esto fracasa, el Estado de derecho también fracasará, porque, si bien las garantías para proteger al imperio de la ley son, ante todo, jurídicas, también son políticas y sociales.

Como afirma Manuel García Pelayo en el epílogo a esta edición, la obra no es sólo representativa del florecimiento del pensamiento jurídico-político durante la República de Weimar, sino que también abre amplios horizontes a quienes deseen profundizar en el estudio del Derecho Constitucional para comprenderlo "como una realidad viva, resultado tanto en sus ideas y en su práctica de un rico decurso histórico, al tiempo que decisión normativamente expresada y articulada sobre la modalidad de la existencia política de un pueblo". Nueva edición revisada.

Teoría del papel activo del juez laboral es el resultado del estudio de la figura jurídica del juez laboral, su papel activo, el principio dispositivo y la imparcialidad del mismo como garante del proceso, visto desde la óptica del Estado, y de la igualdad ante la justicia. El juez laboral está investido de poderes especiales que le son otorgados con el fin de tutelar derechos sociales y de orden público, en un proceso que se origina con desigualdades desde la contratación y la regulación hasta la decisión final de los tribunales. El autor del libro concibió el mismo desde su realidad y lo ha diseñado para ser consultado indistintamente por estudiantes como por profesionales y expertos en la materia.